La Fiscalía de Panamá abrió de oficio una investigación por delitos en perjuicio del Estado en el caso de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CJ Hutchison, para la operación de dos puertos estratégicos a la entrada del Canal interoceánico, según una carta del fiscal general difundida este martes.

En la misiva, fechada este 8 de abril, el fiscal general Luis Carlos Gómez informa al contralor general, Anel Flores, de la "investigación iniciada de oficio" y le solicita que remita al Ministerio Público, "con carácter de urgencia", la auditoría que revela una posible lesión patrimonial de cerca de 1.200 millones de dólares producto de modificaciones al contrato de concesión.

La Fiscalía indaga la presunta comisión de un delito contra la administración pública vinculado al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, que dio luz verde al acuerdo entre el Estado y PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Según Flores, la auditoría iniciada en enero de este año identificó incumplimientos contractuales, una deuda de $300 millones y graves irregularidades en la renovación automática de la concesión, lo que motivó su intención de presentar una denuncia formal.

Desde 1997, PPC administra los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco puertos clave en la zona canalera.

 La concesión de 25 años fue renovada automáticamente en junio de 2021, pese a denuncias de corrupción y condiciones poco beneficiosas para el Estado, que apenas posee el 10 % de las acciones.